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TELCEL RECIBE AUTORIZACIÓN DEL IFT PARA OFRECER SERVICIOS 5G

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó 18 títulos de concesión para que Telcel, subsidiaria de América Móvil del Carlos Slim, pueda ofrecer servicios de quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, mejor conocida como 5G.

Telcel podrá poner en operación la red comercial 5G más grande de América Latina, en función del despliegue que ha venido realizando para la provisión de servicios de acceso inalámbrico fijo con tecnología 5G”, informó el IFT.

Telcel podrá aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que operan en el segmento 3450-3550 MHz, a fin de ofrecer servicios de acceso inalámbrico en su modalidad móvil.

En sesión ordinaria, el órgano regulador en telecomunicaciones autorizó el cambio de bandas de frecuencias de tal manera que las 18 concesiones operen en el segmento 3350-3450 MHz.

La modificación aprobada también incluye condiciones de operación para que Telcel brinde la debida protección contra interferencias perjudiciales a los servicios satelitales que operan en el segmento de 3400 a 3700 MHz en nuestro país.

Durante la jornada de este miércoles, en conferencia con inversionistas, Daniel Hajj, director general de América Móvil, informó que la compañía prevé lanzar este año su red de 5G en 90 por ciento de los países en los que mantiene operaciones.

«No tengo una fecha específica, pero (…) ojalá podamos hacerlo en el primer semestre de este año», dijo el directivo tras afirmar que la compañía aún es optimista para poder ingresar al mercado de televisión de paga a través de su empresa Claro TV.

“El despliegue de esta red representará también una mejora de los servicios de telecomunicaciones de todos sus usuarios, gracias al rebalanceo del tráfico que podrá lograr a través de otras bandas de frecuencia que Telcel tiene concesionadas”, añadió el órgano regulador.

Como consecuencia de la autorización de la modalidad móvil a Telcel, el Estado recibirá recursos extraordinarios por concepto de pago de derechos superiores a los 900 millones de pesos anuales, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Derechos.